La pretensión del Real Decreto-Ley por el que se aprueben medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia es «eliminar las trabas burocráticas y aligerar los procedimientos administrativos de forma que se puedan inyectar rápidamente los fondos comunitarios en nuestra economía». Así nos lo ha explicado Diego Pérez Martínez, director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en nuestro último webinar organizado por la Fundación ADEIT. En él, ha analizado el marco jurídico de gestión de las ayudas europeas que España comenzará a recibir en 2021 para salir de la crisis Covid-19 y modernizar su economía.
Escuchar ‘modernización de la administración pública’ suena bien, pero, ¿cuáles son las principales medidas para llevar a cabo esta modernización en la administración y dar respuesta a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?
En la práctica, esta modernización de la administración se traduce, en esencia, en una simplificación de determinados procedimientos administrativos: licitaciones de contratos públicos, subvenciones, evaluación ambiental, convenios de colaboración… con el fin de agilizar la absorción de los fondos europeos, que estimule la recuperación económica y permita llevar a cabo una transformación estructural de nuestro modelo productivo.
Este plan inyectará unos 140.000 millones euros de fondos europeos a España. ¿Cómo se evitará que la burocracia actual frene la ejecución de estos fondos europeos en tiempo y forma?
La pretensión del nuevo Real Decreto-Ley es eliminar trabas burocráticas y cuellos de botella (autorizaciones, requisitos formales, plazos excesivos…) y aligerar los procedimientos administrativos de forma que se puedan inyectar rápidamente los fondos comunitarios en nuestra economía. No obstante, debe conseguirse un adecuado equilibrio entre esta agilización procedimental y el control de su legalidad, eficacia y eficiencia.
¿Qué beneficios conlleva esta modernización de la administración para las empresas? ¿Y para los ciudadanos?
Los cambios normativos, junto con la inyección de los fondos europeos, han de servir de palanca para fomentar inversiones empresariales en proyectos de innovación, digitales verdes y sociales que, además de redundar en beneficio de las propias empresas, contribuyan a recuperar el nivel de empleo y la actividad económica. La colaboración público-privada constituye un pilar esencial del nuevo modelo. Además, en último término, lo que es bueno para la administración y para las empresas termina redundando en beneficio de los ciudadanos. Veamos si somos capaces de salir de esta crisis; nos jugamos mucho en ello.
